EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y ACTUACIÓN JUDICIAL DE LOS ABOGADOS COMISIONADOS: LÍMITES Y POSIBILIDADES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA AUTONOMÍA MUNICIPAL EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE TOCANTINS

Resumen

Este artículo analiza la posibilidad de que los fiscales comisionados actúen judicialmente en defensa de entidades públicas, un tema controvertido debido a la interpretación restrictiva del Artículo 37, incisos II y V, de la Constitución Federal y a la tesis establecida por el Supremo Tribunal Federal en el Tema 1010 de Repercusión General. Parte de la pregunta: ¿la prohibición absoluta de que los fiscales comisionados realicen actos procesales compromete la eficiencia administrativa y la autonomía municipal? El estudio busca demostrar que, siempre que se respeten los límites constitucionales y legales, las acciones de estos agentes son legítimas y necesarias para garantizar la gobernanza pública. Metodológicamente, se adopta un enfoque cualitativo, con análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial. También se realiza un estudio comparativo de la legislación de Gurupi, Palmas y Araguaína, destacando los diferentes modelos organizativos de las fiscalías municipales. Los resultados indican que una legislación que describe claramente las responsabilidades y respeta la proporcionalidad entre los cargos titulares y los de nombramiento es compatible con la Constitución, mientras que la omisión o la aplicación de normas genéricas conducen a la judicialización y a la ineficiencia. La conclusión es que la interpretación rígida del Tema 1010 debe atenuarse en favor de los principios de eficiencia administrativa (art. 37, caput) y autonomía municipal (arts. 18 y 30, Constitución Federal), permitiendo a los fiscales designados desempeñar tareas técnicas complementarias a las funciones de asesoramiento y liderazgo, sin usurpar las responsabilidades de los cargos titulares.