EXCLUSIÓN DIGITAL Y DEBIDO PROCESO LEGAL: LOS IMPACTOS DE LAS AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS BAJO LA JURISDICCIÓN DE TOCANTINS

Resumen

Este estudio analiza las consecuencias de la adopción de audiencias virtuales en la comunicación procesal en el Estado de Tocantins, centrándose en los riesgos para la realización de los principios constitucionales de contradicción, defensa plena y acceso a la justicia. La investigación examina cómo la transición de audiencias presenciales a virtuales, impulsada por la pandemia de COVID-19, influye en la calidad de la interacción entre los sujetos procesales y en la efectividad de los derechos fundamentales de quienes se encuentran bajo la jurisdicción de los tribunales. La investigación emplea una metodología cualitativa y exploratoria, mediante una revisión bibliográfica interdisciplinaria que integra el derecho procesal, las teorías de la comunicación y la sociología jurídica. Además, incluye el análisis documental de resoluciones del Consejo Nacional de Justicia y reglamentos del Tribunal de Justicia de Tocantins, junto con las percepciones obtenidas de magistrados, defensores públicos y abogados. El marco teórico analiza la comunicación procesal como un componente indispensable del debido proceso, destacando la relevancia del lenguaje no verbal en la formación de la convicción judicial y reconociendo la exclusión digital como un factor de riesgo que compromete el acceso a la justicia. Una evaluación del contexto en Tocantins revela desafíos relacionados con su vasta extensión territorial, desigualdades socioeconómicas e infraestructura tecnológica inadecuada, factores que dificultan la participación efectiva de grupos vulnerables. Los resultados indican que, si bien las audiencias virtuales ofrecen beneficios como la reducción de costos y la celeridad procesal, imponen restricciones considerables a la comunicación plena, dificultan la interpretación de señales no verbales y establecen barreras tecnológicas que pueden vulnerar derechos procesales fundamentales. La investigación concluye que la virtualización, en ausencia de garantías adecuadas, exacerba las desigualdades sociales preexistentes. Se propone un modelo híbrido que concilia la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales, mediante criterios objetivos para la elección entre modalidades presenciales y virtuales, el acceso universal a infraestructura adecuada, la formación continua de profesionales del derecho y la implementación de políticas públicas orientadas a la inclusión digital.