DE LA PROHIBICIÓN A LA REFORMATIO IN PEJUS Y LA REVISIÓN PENAL PRO SOCIETATE

Resumen

Este artículo analiza la cuestión de la revisión penal pro société en el derecho penal brasileño, cuestionando si la prohibición legal que impide la revisión de sentencias absolutorias, incluso ante injusticia evidente o fraude probado, es compatible con los principios de justicia sustantiva y protección social. Tradicionalmente, en derecho penal, la revisión penal es un instrumento reservado exclusivamente al imputado, destinado a corregir posibles errores que hayan causado un daño. Sin embargo, la discusión en torno a la revisión de sentencias absolutorias resultantes de fraude procesal o errores sustantivos graves ha generado un considerable debate doctrinal y jurisprudencial, especialmente en sistemas jurídicos comparables al brasileño. La investigación adoptó una metodología cualitativa y exploratoria, basada en una amplia revisión bibliográfica, análisis jurisprudencial y estudio de doctrina especializada, con el propósito de evaluar si la actual restricción a la revisión pro société contribuye al mantenimiento de sentencias lesivas al interés colectivo, limitando la acción correctiva del sistema penal en situaciones en las que el imputado se ha beneficiado indebidamente. Los resultados indican que la legislación brasileña, al restringir la revisión penal exclusivamente al imputado, puede incentivar la perpetuación de errores judiciales significativos, comprometiendo la fiabilidad del sistema de justicia penal, especialmente en casos de fraude procesal. La investigación también destaca la existencia de corrientes doctrinales que abogan por la adopción de la revisión pro-societate como una forma de equilibrar la protección de los derechos individuales del imputado con la necesidad de salvaguardar los intereses de la comunidad. Finalmente, se concluye que, si bien la protección de los derechos del imputado sigue siendo esencial, se recomienda que el sistema judicial prevea excepcionalmente la posibilidad de revisar sentencias absolutorias manifiestamente injustas o fraudulentas, promoviendo así un sistema de justicia más equitativo y atento a las demandas sociales.