INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y RESILIENCIA URBANA: DE LA PREDICCIÓN DE DESASTRES A LA GESTIÓN TERRITORIAL ÉTICA Y SOSTENIBLE

Resumen

Este artículo analiza la incorporación de la inteligencia artificial a la planificación urbana como un punto de inflexión estructural en la función administrativa, marcado por la transición de un modelo reactivo a una gobernanza anticipatoria basada en datos. Basado en el paradigma de la ciudad resiliente, investiga cómo los sistemas de aprendizaje profundo y la monitorización georreferenciada han llegado a influir en la formación de la voluntad estatal, desplazando el eje tradicional de la discrecionalidad administrativa hacia un régimen de discrecionalidad técnica mediado por algoritmos. Argumenta que esta reconfiguración requiere una revisión de las categorías clásicas del Derecho Administrativo, especialmente en lo que respecta a la motivación, la transparencia, el control y la rendición de cuentas de los actos administrativos. El estudio demuestra que la opacidad algorítmica compromete el debido proceso y exige la institucionalización de la explicabilidad y la auditabilidad como requisitos para la validez de las decisiones públicas automatizadas. Además, examina el impacto de la gobernanza de datos y la dependencia de infraestructuras privadas en la soberanía digital del Estado, abogando por el control público de los activos informativos como prerrequisito para la autonomía decisoria. En el ámbito de la responsabilidad civil, es evidente que la fragmentación causal inherente a los sistemas inteligentes no excluye el régimen objetivo de la responsabilidad del Estado, lo que impone la adopción de modelos ampliados de imputación basados ​​en el riesgo de la actividad y la socialización de los daños. A la luz del principio de precaución, se argumenta que el urbanismo algorítmico debería incorporar salvaguardas éticas desde el diseño de los sistemas, garantizando una supervisión humana efectiva en decisiones críticas. Finalmente, el artículo destaca que la legitimidad de la gobernanza inteligente depende de la participación ciudadana y de la superación de la brecha digital, así como de la construcción de estándares normativos transnacionales capaces de someter la tecnología a los valores del Estado de derecho. Concluye que la inteligencia artificial solo es compatible con el orden constitucional cuando se estructura sobre cuatro pilares: centralidad de la toma de decisiones humana, motivación transparente y auditable, responsabilidad objetiva y gobernanza prudencial guiada por la dignidad de la persona humana.