EL CUMPLIMIENTO COMO HERRAMIENTA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL: UN ANÁLISIS DE SUS IMPLICACIONES Y BENEFICIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES

Resumen

Este estudio analiza el cumplimiento normativo como herramienta estratégica en las investigaciones penales, explorando sus implicaciones legales, éticas y procesales en el contexto del proceso penal brasileño. La investigación parte de la premisa de que el cumplimiento normativo, entendido como un conjunto de prácticas centradas en la conformidad con la ley, puede contribuir significativamente a la transparencia, la eficacia y la integridad de las investigaciones penales, especialmente en casos que involucran organizaciones complejas y delitos económicos. Mediante una revisión doctrinal y un análisis jurisprudencial, se pretende comprender cómo la implementación de programas de cumplimiento normativo puede garantizar la observancia de los derechos fundamentales, prevenir abusos de poder y fortalecer la credibilidad institucional de los órganos de investigación. El trabajo aborda los fundamentos conceptuales y jurídicos del cumplimiento normativo, la regulación de técnicas especiales de investigación —como la infiltración de agentes y el uso de informantes— y los límites éticos y legales de esta práctica en relación con el debido proceso. Asimismo, analiza la jurisprudencia nacional sobre el uso de mecanismos de control e integridad en las investigaciones, identificando los beneficios y los retos prácticos de su aplicación. Así pues, se demuestra que el cumplimiento normativo, cuando se implementa correctamente, puede funcionar como instrumento para prevenir y mitigar los riesgos delictivos, fortaleciendo la cultura de responsabilidad y transparencia en el ámbito penal. Sin embargo, se subraya la necesidad de un control riguroso para evitar violaciones de las garantías individuales, asegurando un equilibrio entre la eficacia de la investigación y el respeto de los derechos humanos. Por consiguiente, este estudio contribuye a la mejora de las prácticas de investigación y al desarrollo de un sistema de justicia penal más ético y eficiente, compatible con los principios constitucionales.