NULIDAD DE LAS DECISIONES DE DETENCIÓN PREVENTIVA POR RAZONAMIENTO GENÉRICO: UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA JURISPRUDENCIA EN CASOS DE GRAN REPERCUSIÓN (CASOS DEOLANE, KELL FERRETTI Y ORUAM)

Resumen

Este artículo investiga la nulidad de las decisiones de prisión preventiva basadas en fundamentos genéricos en casos mediáticos de gran repercusión, centrándose en los episodios de Deolane Bezerra, Oruam y el caso público atribuido a Kell Ferreti, analizados a la luz de la jurisprudencia reciente de tribunales superiores y del derecho procesal penal contemporáneo. El problema de investigación radica en la tensión entre la exigencia constitucional de una motivación concreta para las decisiones judiciales y la recurrencia de decretos cautelares fundamentados en fórmulas abstractas, como la garantía del orden público, la gravedad del delito y las repercusiones sociales, especialmente ante una intensa presión mediática. El objetivo general es analizar críticamente hasta qué punto el razonamiento genérico, en casos de gran repercusión, compromete la validez de la orden de prisión y autoriza el reconocimiento de la nulidad por violación del debido proceso, el deber de fundamentar la decisión y la presunción de inocencia. Metodológicamente, se adopta un enfoque cualitativo, de carácter bibliográfico, documental y hermenéutico-jurisprudencial, que articula la teoría de las nulidades procesales, las garantías penales y la crítica a la espectacularización de los procesos penales. Los resultados indican que la intensa cobertura mediática favorece el uso de fundamentos estereotipados, semánticamente abiertos y disociados del riesgo actual, fenómeno que debilita la excepcionalidad de la detención preventiva y amplía el margen para decisiones performativas. Se concluye que la ausencia de una motivación individualizada y empíricamente demostrable constituye una falla estructural en el acto jurisdiccional, imponiendo el reconocimiento de la nulidad absoluta cuando la detención preventiva se basa en la protesta pública o en un lenguaje estandarizado, en contravención del artículo 315 del Código de Procedimiento Penal y de los estándares constitucionales de justificación.